BAJA DESHONROSA A CRIMINALES DEL CONDOR
Por Federico Tatter.
Con muchas sombras. Con pocas y rescatables excepciones. Tardíamente y con tibieza. Con demasiados cómplices y encubridores en todo el sistema de justicia. En presencia o en ausencia. Luego de 30 años de incansable lucha por la verdad, la justicia y la memoria, comienzan a tomar impulso, nuevamente, en países como Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, los debidos procesos penales contra los máximos responsables del Operativo Cóndor que desbastó el Cono Sur latinoamericano en los años setentas.
En todos estos procesos judiciales, se manifiesta imperioso investigar a profundidad sobre el verdadero grado de co-responsabilidad civil en la perpetración y el ocultamiento de los gravísimos crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo paradigmático ha sido la larga, sostenida e institucional co-participación civil en la dictadura stronista (que si bien totalizó 35 años de mandato, desde 1954 a 1989, la hegemonía partidaria le antecedió desde 1947, le acompañó y le sobrevivió durante todo proceso de transición hasta nuestros días en el 2006, totalizando casi 60 años de monopolio ininterrumpido y discrecional del poder).
Quien diga pues, que la dictadura stronista, fue una dictadura militar "a secas", o se equivoca grandemente, o busca esconder bajo la alfombra de la historia, el sostenimiento y la conducción estratégica de todo el período por parte de un partido corporativista que secuestró y engulló al estado nacional, bajo la doctrina de la "unidad granítica del partido, el gobierno y las fuerzas armadas". La vorágine totalitaria engendrada en el propio partido tuvo siempre características antropófagas, como es lógico en cualquier proceso salvaje de concentración del poder, el que llega incluso hasta los bordes dirigenciales de sus propias filas, luego de pasar por todos los estamentos de la sociedad.
No obstante, y por cuerdas separadas, las propias instituciones militares de éstas democracias emergentes, aún tuteladas y limitadas, pero liberadas ya en esta etapa constitucional del control partidario, oligárquico o corporativo, con sus nuevos tribunales de justicia, están obligadas a colaborar con la justicia civil en el esclarecimiento total de los hechos, en primer lugar, a juzgar y condenar ejemplarmente a sus propios elementos uniformados por los aberrantes crímenes cometidos bajo la impunidad transnacional del Cóndor, en segundo término.
Es en este marco, que el activista social paraguayo, Martín Almada, solicitó a las autoridades civiles y militares del Paraguay, la "baja deshonrosa" de las fuerzas armadas del ex dictador Alfredo Stroessner, que vive asilado en Brasilia, a pesar de que éste haya sido declarado un "rebelde y contumaz a los mandatos de la justicia".
Esta declaración de la justicia civil del Paraguay, debería sobrar como argumento para que las autoridades de la justicia militar y el propio poder ejecutivo, de oficio, activaran sus mecanismos institucionales tendientes a propinarle la degradación y la baja deshonrosa al ex general Strossesner y a todos aquellos ex miembros de las fuerzas armadas y de seguridad paraguayas, que se hayan visto involucrados en las aberrantes violaciones a los derechos humanos comprobadas y documentadas en abundancia. Puesto que, aún cuando los mismos estén procesados y condenados en la justicia civil, el indebido gozo por parte de éstos de un privilegiado "estado militar", perpetúa el ignominioso estado de impunidad.
Según declaraciones del doctor Almada, "Stroessner está acusado de ser responsable junto a otros dictadores militares de la desaparición de 100 mil ciudadanos del Cono Sur, en el marco de la Operación Cóndor, y en el Archivo del Terror están las pruebas suficientes de sus crímenes, de sus cómplices y encubridores".
"Stroessner fue derrocado en 1989, luego de 35 años de gobierno despótico y corrupto y desde entonces vive exiliado en Brasil, cobrando inclusive su salario de general de ejército en situación de retiro, lo que más de una vez mereció la protesta de organizaciones defensoras de derechos humanos".
A partir de esta iniciativa, activistas de derechos humanos y sociales de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, desean ampliar el pedido a todos los estados y gobiernos democráticos de la región. Y específicamente, solicitarán, campaña internacional de incidencia mediante, ante cada autoridad judicial, ejecutiva y militar de los estados nacionales que integraron el Operativo Cóndor, "la degradación y la baja deshonrosa de los funcionarios militares responsables que hayan sido juzgados y condenados, estén con vida o no". Será justicia, tarde, pero lo será.
